El Tribunal consideró que las circunstancias agravantes de menor edad y de parentesco que hacían preceptiva la pena de muerte estaban claramente demostradas.
Todos los países retencionistas que respondieron indicaron que las leyes no permitían imponer la pena de muerte a personas que hubieran perdido la razón.
Michelle Bachelet aseguró que algunas de las personas ejecutadas fueron condenadas a muerte tras juicios que no cumplían las garantías de un proceso justo.