1.Las recomendaciones de la CVR sobre la pena de muerte se consideran de carácter imperativo y, como tales, el Gobierno está obligado por ley a aplicarlas.
真理与和解委员会关于死刑建议被列为是必须执行,因此政府必须根据法令落实这些建议。
2.La aprobación de ambos por el Ministerio de Industria y Artesanía dio lugar a un decreto en el que se prevé el apoyo del Gobierno al fomento de las pequeñas y medianas empresas.
工业和手工业部采取了该战略和计划从而促成发布了为中小企业发展提供政府支助法令。
3.Por ello, el Gobierno está estudiando un proyecto de decreto para devolver las funciones de la Comisión a las tres instituciones judiciales nacionales permanentes: el Tribunal Supremo, la Oficina del Procurador General y el Ministerio de Justicia.
4.El monto global del presupuesto aumentó aproximadamente el 33% debido a la inclusión del plan de mediano plazo en todos los programas, la aplicación de decretos gubernamentales promulgados por las autoridades de acogida y la atención de las necesidades prioritarias pendientes de los refugiados.
5.El principio rector de la preparación del presupuesto fue el criterio de basarse en las necesidades, estableciendo créditos especiales para integrar y mejorar las nuevas actividades de los programas básicos y aplicar los decretos promulgados por las autoridades de los países anfitriones, así como satisfacer necesidades prioritarias básicas de carácter periódico.
6.El 28 de junio se promulgó un decreto ley sobre la reestructuración del Gobierno, por el que se elevó el número de ministerios de 10 a 15 y se establecieron, entre otros puestos, cinco nuevos puestos de Secretario de Estado para la coordinación de los programas regionales de desarrollo e inversiones.
7.La Ley define como hecho reservado toda información o elemento designado como tal por el que les dio origen y que debe protegerse en interés de la República Eslovaca contra su revelación, abuso, distorsión, duplicación no autorizada, destrucción, pérdida o robo, y que corresponde a los campos descritos en la ordenanza pertinente del Gobierno de la República Eslovaca.
8.La Comisión fue informada de que el programa se vio negativamente afectado porque el Gobierno de Transición no había promulgado un decreto para establecer la comisión nacional de desarme, desmovilización y reintegración, que debía constituir el marco institucional nacional para la realización de este tipo de programas; tampoco había financiación suficiente del Gobierno de Transición y de la comunidad internacional.